La fusión del BBVA-Banc Sabadell está a punto de pasar a manos del Gobierno de Pedro Sánchez. El análisis de la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) está próximo a su finalización sin que se impongan compromisos muy diferentes a los propuestos al finalizar la Fase I y sin atender la mayor parte de las alegaciones del Sabadell, según explican fuentes conocedoras del proceso.
Aunque ayer la CNMC aseguraba que el análisis continúa y que “el procedimiento, al que solo tienen acceso los interesados, sigue su curso”, fuentes consultadas sostienen que la resolución sobre la Fase II está prácticamente lista y podría ver la luz en las próximas semanas, una vez que se celebren las juntas generales de las dos entidades. Si finalmente el organismo que preside Cani Fernández da su visto bueno a los compromisos del BBVA de mantener las condiciones comerciales a los clientes y determinadas oficinas, la pelota pasará al Consejo de Ministros, que puede endurecer esas condiciones impuestas por la CNMC, impulsar otras nuevas o validarlas tal como le llega la resolución.
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En el primer caso, el Ejecutivo podría justificar un endurecimiento de las condiciones impuestas porque debe garantizarse el equilibrio territorial. El propio presidente Pedro Sánchez señaló el mes pasado la importancia de analizar el impacto de la fusión en el citado equilibrio territorial. Fuentes consultadas especulan con la posibilidad que el Gobierno opte por defender esa postura prohibiendo las fusiones bancarias durante unos años.
El Ejecutivo también puede optar por imponer condiciones adicionales para llevar a cabo la operación, como la venta de partes del banco. Y para justificar esa inclusión de compromisos adicionales también puede usar el mismo argumento de la cohesión territorial o el de la inclusión financiera.
Las condiciones que quiere imponer Competencia son similares a las de la Fase I
Ese informe correspondiente a la denominada Fase II –que según fuentes conocedoras del proceso ya está prácticamente cerrado– no tiene en cuenta las alegaciones presentadas por el Sabadell, en las que reclamaba que las condiciones que se impusieran al comprador para garantizar la competencia fueran estructurales y no de comportamiento. El banco que preside Josep Oliu defendía que si se lleva a cabo la fusión en determinados territorios como Catalunya o Valencia se pasaría de cuatro bancos que controlan la mayor parte del negocio a solo tres. Por eso proponían que se vendiera el negocio de tarjetas y de pymes del Sabadell en Valencia y Catalunya a un tercero que no fuera ni Santander ni CaixaBank.
En cambio, las fuentes consultadas explican que la CNMC ha utilizado la misma metodología que usó en la fusión de CaixaBank y Bankia y solo ha impuesto condiciones para que el banco fusionado tenga un “comportamiento” determinado con algunos clientes durante un periodo de tiempo limitado. Por ejemplo, no modificar las condiciones contractuales a las pymes durante unos meses que podrían llegar a tres años. Pero eso no implica que haya más competencia, ya que se habría eliminado uno de los cuatro grandes bancos.
El análisis realizado por la CNMC no ha sido especialmente complejo, ya que Competencia rechazó que las 79 entidades (como patronales o sindicatos) que se consideraban perjudicadas pudieran presentar alegaciones a la fusión. Esa decisión acortó los plazos, ya que solo el Sabadell y la autoridad de competencia de Catalunya (ACCO) y la de Valencia pudieron presentar sus consideraciones.
El Ejecutivo puede imponer condiciones adicionales, como por ejemplo el equilibrio territorial
Por eso la patronal Foment presentó un recurso ante la Audiencia Nacional que ha sido admitido a trámite, como avanzó este miércoles La Vanguardia. La organización que preside Josep Sánchez Llibre también ha reclamado medidas cautelares para que le dejen aportar sus alegaciones. El viernes pasado la patronal Pimec, que preside Antoni Cañete, presentó también su propio recurso a la Audiencia. Desde la CNMC insistieron en que el procedimiento judicial que se ha abierto no paraliza la tramitación del expediente.
Fuentes consultadas dijeron que en el test de mercado que ha realizado la CNMC sobre la idoneidad de los compromisos aportados por el BBVA no se ha preguntado a las patronales pese a que estas representan a los principales perjudicados (las empresas) por la pérdida de un competidor bancario.
